EnglishInstituciones logísticas y de comercio cuyos afiliados utilizan la Hidrovía Paraguay-Paraná se reunieron el martes 29 de agosto y se pronunciaron ante el cobro del peaje fluvial impuesto por Argentina y definieron lo siguiente.
Que el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná (Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra) suscrito por Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay tiene por objetivo establecer un marco normativo común que favorezca el desarrollo, la modernización y la mejora en eficiencia de las operaciones fluviales, facilitando así el acceso en condiciones competitivas a los mercados regionales de ultramar, bajo los principios de: Libertad de Navegación, Igualdad de Tratamiento y Libertad de Tránsito.
Es importante resaltar que toda acción de uno de sus miembros afecta al otro. Por lo tanto, todas las acciones que tomen los países deben enmarcarse dentro del enfoque de la multilateralidad. Más aún, teniendo en cuenta que dos de sus miembros son países mediterráneos, que tienen derecho de acceso a los océanos consagrados en la Convención del Mar.
Estas instituciones privadas apoyan la búsqueda de eficiencia operativa dentro del marco del Acuerdo, incluyendo obras cuando fuera necesario. Sin embrago, resulta inconveniente la provisión de servicio tradicional de balizamiento –con boyas estáticas- porque eso no solo no favorece a la navegación, sino que incluso puede llegar a entorpecerla en función del permanente cambio de traza que las corrientes ocasionan en ese tramo del río Paraná.
En el presente año. El Gobierno argentino procedió a instrumentar de manera unilateral el cobro de un peaje de 1,47 dólares por tonelada de registro neto al transporte fluvial que circula por el tramo “Puerto de Santa Fe-Confluencia”. Este peaje afecta a los usuarios de la región: importadores, exportadores, armadores y prestadores de servicios, y no solo a los armadores paraguayos.
Este tipo de medidas, además de encarecer los bienes de la región, haciéndolos menos competitivos, podría desmotivar el uso de la hidrovía. Las instituciones privadas representativas de los usuarios de la vía navegable de los cinco países signatarios del Acuerdo de “Santa Cruz de la Sierra” entienden que el ámbito propicio para tratar la cuestión son el CIH y la Comisión del Acuerdo y que este es el marco para la aprobación o no del cobro del peaje”.
Es la intención de todas las instituciones presentes defender de manera decidida el Acuerdo y sus principios, por lo que instamos a todos los actores, a los miembros de los gobiernos, a resolver los problemas dentro del marco de la CIH y la Comisión del Acuerdo.
Firman el comunicado: la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (C.P.T.C.P.), Cámara de Terminales y Puertos Privados del Paraguay (Caterppa), la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym), la Unión Industrial Paraguaya (UIP), el Centro de Navegación del Uruguay (Cennave), la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia (CNC), la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) y la Cámara Binacional de Comercio e Industria Boliviano – Paraguaya.