EnglishComunicado conjunto de Capeco y Cappro sobre los proyectos de ley presentados para su estudio en la Cámara de Diputados, relacionados con la suspensión temporal del pago de regalías por el uso de biotecnología en soja, por un lado, y, por otro, con la prórroga del vencimiento de contrato de entrega de granos de la campaña agrícola 2021/2022.
La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) y la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) comunican a la opinión pública su preocupación con relación a dos proyectos de ley que se encuentran en discusión actualmente en la Cámara de Diputados, denominados: 1) “Que suspende temporalmente la obligación de pago de regalías por eventos genéticos o biotecnológicos en soja protegidos por patentes de invención”, y 2) “Que prorroga el vencimiento por un año y prohíbe aplicación de multas y recargos a obligaciones derivadas de contratos de entrega de granos de la zafra 2021/2022”, ya que los mismos pondrían en jaque los esquemas actuales de comercialización, que permiten el buen desempeño que ha conseguido la cadena de valor en estos últimos años.
De materializarse estas iniciativas pondrían en serio riesgo la credibilidad, confianza y el respeto que han construido todos los actores de la cadena agrícola y agroindustrial del país en factores claves para el gran crecimiento que ha tenido la producción de oleaginosas y cereales, como lo son, sin lugar a duda, el Contrato para Entrega a Futuro de Granos y el desarrollo y adopción de nueva tecnología.
Gracias a estos contratos los productores han venido consiguiendo un financiamiento acorde a sus necesidades, se han asegurado la provisión de semillas, insumos y un asesoramiento técnico que colabora en sus esfuerzos para seguir produciendo y comercializando más y mejor. En los últimos años se han dado incluso unos pasos más, ya que a través de la Bolsa de Productos del Paraguay y la Cámara Arbitral los representantes de los compradores (industrias, acopiadores, comercializadores y exportadores) y los representantes de los vendedores (productores agrícolas) se han unido y han prestado su consentimiento para homologar un modelo de contrato que represente la realidad del mercado y proteja a ambas partes.
La del 2022 ha sido la peor cosecha de la historia del país, pero incluso en este contexto tan negativo más del 95% de todos los Contratos para Entrega a Futuro de Granos han podido ser honrados o renegociados con éxito entre las partes, conforme a los términos pactados en el propio contrato, lo que demuestra claramente que el sistema actual funciona.
Intromisiones políticas o de terceros a este sistema podrían poner en riesgo todo lo bueno que se ha conseguido en el sector agrícola y agroindustrial nacional, ya que al restarle previsibilidad y confianza a las relaciones entre las partes con cambios no negociados entre las mismas e impuestos, como los que se proponen en estos proyectos de leyes, se podría perder el dinamismo que tiene el mercado, obligando a todos los participantes de la cadena a reconfigurar mecanismos de trabajo que son claves para toda la actividad.
Esto es particularmente peligroso en un momento como el actual, donde todo el esfuerzo de la cadena se encuentra abocado en asegurar que los productores puedan finalizar de manera exitosa su esfuerzo de siembra de soja y esperar que la próxima cosecha pueda recomponer en alguna medida la salud del campo y que este pueda seguir siendo uno de los principales motores del crecimiento económico.
Por todos los argumentos expuestos, manifestamos nuestro rechazo a ambos proyectos presentados y solicitamos a los Congresistas rechazarlos, para que continúe siendo la libre negociación y el trabajo conjunto de toda la cadena bajo normas que se ajusten a la realidad, lo que permita la recuperación del mal resultado de la última cosecha, como ya se ha hecho tantas veces en el pasado.
Asunción, 6 de octubre de 2022