EnglishCarta abierta al presidente de la República, Pedro Alliana, de los gremios de la producción, la industria, el comercio, los servicios, asociaciones, cámaras y organizaciones de la sociedad civil, ante la crisis económica y el proceso de resolución bancaria.
Pedro Alliana
Presidente de la República del Paraguay
Presente
La superación de la coyuntura política mediante los mecanismos constitucionales y el proceso de resolución bancaria en curso sitúan al Paraguay ante una encrucijada histórica. La preservación del grado de inversión, la recuperación de la confianza económica y la generación de empleo digno no admiten dilaciones ni discursos: exigen instituciones independientes, rigor técnico y respeto irrestricto al Estado de derecho.
Paraguay no tiene más margen de error.
La falta de controles y la complicidad de quienes debían ejercerlos deben investigarse y sancionarse. La recuperación exige determinar responsabilidades, recuperar los recursos y corregir las fallas que permitieron este descalabro.
Por ello, reclamamos decisiones inmediatas y compromisos concretos de las autoridades en los siguientes ámbitos:
- Reformulación del PGN 2027, disciplina fiscal y fin de privilegios
El Paraguay debe dar señales contundentes de responsabilidad fiscal. El proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, sometido al Congreso Nacional, no refleja las prioridades ni los cambios que exige la crisis.
Por el contrario:
- Está construido sobre cifras que no responden a la realidad.
- Promete beneficios insostenibles y plantea reducciones ficticias del déficit y aumentos de recaudación sin sustento.
- Contempla emisiones de bonos en guaraníes para financiar gastos en condiciones cuestionadas por su incompatibilidad con la legislación.
- Posterga problemas graves, como el déficit creciente de la Caja Fiscal.
No se puede aprobar un presupuesto como si una crisis no hubiera ocurrido.
El proyecto no está preparado para afrontar las consecuencias de la crisis del Banco Ueno: los ahorros comprometidos de casi tres millones de paraguayos; el perjuicio estimado a las arcas públicas de entre el 1,5 % y el 2 % del PIB; la caída del movimiento comercial; el riesgo de cierre o reducción de numerosas pequeñas y medianas empresas; y la pérdida de más de 5.000 empleos, con riesgo de que esa cifra aumente.
A ello se suma el deterioro de las condiciones para emitir deuda soberana.
Este escenario exige una revisión integral del presupuesto. Mantenerlo sin cambios puede agravar los problemas en lugar de resolverlos.
Solicitamos reformular el PGN con ingresos realistas, gastos financiables y cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y de la convergencia al déficit del 1,5 % del PIB.
Reclamamos reducir de inmediato el gasto corriente improductivo, eliminar los privilegios corporativos, los aumentos salariales injustificados y los gastos superfluos. Los recursos deben reasignarse prioritariamente a salud, seguridad ciudadana y educación pública.
Deben revisarse y reducirse los gastos en pasajes y viáticos, catering, bonificaciones extraordinarias, seguros médicos y contrataciones de personal. Los programas sociales y subsidios deben identificar a sus beneficiarios, justificar sus asignaciones y demostrar resultados.
Para ordenar las finanzas públicas, proponemos, además:
- Resarcimiento a ahorristas: establecer los mecanismos legales para destinar los bienes recuperados de los responsables y liquidados por la Senabico a reparar el perjuicio de los ahorristas no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, que confiaron en los informes del BCP.
- Personal contratado: reducir las contrataciones fuera del régimen de la función pública que no respondan a necesidades esenciales.
- Peajes: controlar y optimizar su recaudación, con intervención de la DNIT dentro de sus competencias, y destinar los recursos al mantenimiento vial.
- Turismo: integrar Turismo como dependencia del Ministerio de Industria y Comercio, mediante las modificaciones legales correspondientes.
- Vacancias: cubrir las aproximadamente 10.000 vacancias anuales únicamente en áreas esenciales.
- Caja Fiscal: impulsar su reforma inmediata. El déficit no puede seguir trasladándose a los contribuyentes.
- Régimen médico: revisar el régimen de doce horas semanales y los ajustes asociados, vinculando el gasto con la atención efectiva a la población.
- Supervisión previsional: dotar de presupuesto al Consejo de Seguridad Social para asegurar que la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones cumpla sus obligaciones legales.
- Depósitos públicos: establecer por ley un registro actualizado diariamente que identifique los fondos de cada entidad pública, el banco depositario, los montos, la modalidad y los plazos de depósito.
- Iniciar campañas de formalización, de modo a aumentar la base que aporta a sostenimiento.
- Aumentar y redoblar los controles anti contrabando, de modo a proteger la inversión nacional.
La ciudadanía no puede seguir pagando las consecuencias de controles que fallan, autoridades que omiten sus obligaciones y privilegios que permanecen intactos.
- Compromiso del sector privado con la gobernanza y la inversión
El sector productivo asume una responsabilidad activa en la recuperación del país. Ponemos a disposición de las autoridades nuestros equipos técnicos para trabajar en la reformulación del presupuesto y en las medidas necesarias para restablecer la confianza.
Nos comprometemos a:
- Atraer inversiones: impulsar una agenda conjunta para captar inversiones productivas en sectores estratégicos y generar empleo formal.
- Fortalecer la integridad empresarial: promover e implementar estándares rigurosos de cumplimiento normativo, transparencia y buenas prácticas de gobierno corporativo.
- Ejercer veeduría ciudadana: vigilar el uso de los recursos públicos y los procesos de compras estatales, y denunciar las irregularidades detectadas.
La exigencia de integridad alcanza tanto al sector público como al privado. Ningún cargo, vínculo político o poder económico debe proteger a los responsables.
Señor Presidente, recuperar la confianza exige decisiones verificables: un presupuesto realista, austeridad efectiva, controles independientes y sanciones sin privilegios. El sector empresarial está dispuesto a cooperar. Corresponde a las autoridades actuar con la urgencia y la firmeza que el país necesita.
El momento de actuar es ahora. La impunidad destruye la economía; la transparencia y la justicia construyen futuro.
Firman: Iván Dumot, presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), y Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).
